Días después de que Jair Domínguez y Joel Díaz, ambos comunicadores con una vinculación estable y reconocible con los medios públicos de Catalunya, esos que, conviene recordarlo, pagamos todos con nuestros impuestos, hayan protagonizado una nueva polémica en redes sociales, sigue sin haber constancia pública de si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha adoptado alguna medida correctiva o de advertencia ante unas manifestaciones que han generado un profundo malestar en una parte significativa de la ciudadanía catalana.
El primero de ellos, Jair Domínguez, publicó el pasado 19 de mayo desde su cuenta personal en X (antes Twitter) el siguiente mensaje: “El primer que hauria de fer l’Espanyol per deixar de ser menystingut és canviar-se el nom de merda que té”. Una afirmación de carácter despectivo dirigida directamente a una entidad deportiva centenaria como el RCD Espanyol, con decenas de miles de socios y un innegable arraigo histórico y social en Catalunya.
El primer que hauria de fer l’Espanyol per deixar de ser menystingut és canviar-se el nom de merda que té.
— Jair Dominguez (@sempresaludava) May 19, 2025
Apenas unos días antes, Joel Díaz —humorista y colaborador de dos programas de TV3 y uno de Catalunya Ràdio— publicaba una imagen suya con el escudo del Leganés acompañada del mensaje “PORTO L’ESCUT AL PIT”. El momento elegido no pasó desapercibido, siendo interpretado en el entorno blanquiazul como una celebración anticipada de su posible descenso.
PORTO L’ESCUT AL PIT pic.twitter.com/aXUV8644Zt
— Joel Díaz (@joeldiazbrah) May 16, 2025
Ambas publicaciones se hicieron, cabe matizarlo, desde cuentas personales. Sin embargo, tanto Domínguez como Díaz mantienen una presencia habitual y destacada en programas producidos o emitidos por la televisión y la radio públicas catalanas. Esa doble condición —la de comunicadores con presencia habitual en medios de titularidad píblica que compaginan con sus altavoces personales— reabre un viejo debate sobre los límites entre la opinión individual y la responsabilidad que se deriva independientemente de la tribuna que utilicen.
El propio Llibre d’estil de la CCMA, en su capítulo dedicado a la actividad en redes sociales, establece de forma clara que los profesionales de los medios públicos deben evitar manifestaciones que puedan dañar la percepción de imparcialidad y objetividad de la corporación posicionándose en debates políticos o sociales. En este caso, no parece que se haya activado protocolo alguno para valorar si estos mensajes entran en contradicción con dichos principios, al menos no públicamente.
Domínguez, que actualmente copresenta espacios como Està passant o El búnquer, ha protagonizado en varias ocasiones intervenciones controvertidas, no solo en redes sociales, sino también en espacios públicos sufragados con fondos de todos los contribuyentes. El humorista acumula un amplio historial de polémicas por sus salidas de tono y comentarios hispanófobos, tanto en sus programas como en sus redes sociales, y ha hecho habitual el insulto “puta España”.
Díaz, por su parte, ha estado vinculado a diversos programas en Catalunya Ràdio y a proyectos de clara orientación ideológica, sin que su historial de controversias, algunas especialmente graves al vulnerar derechos de los menores, haya tenido impacto visible en sus colaboraciones profesionales. El humorista y guionista catalán fue, recordemos, objeto de controversia en 2022 debido a una broma que hizo en el programa Zona Franca de TV3 sobre los deportados a Mauthausen, . Esta broma fue criticada por considerarse una burla hacia las víctimas del Holocausto y fue objeto de debate en los medios de comunicación. Díaz no se retractó de la “gracia” en Zona Franca porque TV3 lo consideró contraproducente.
Ahora, el Espanyol se ha unido a la lista de colectivos atacados impunemente, mientras la ausencia de explicaciones o pronunciamientos oficiales refuerza la percepción, ampliamente extendida en el entorno perico desde hace muchos años, de que este tipo de salidas de tono no son episodios puntuales ni aislados, sino parte de un patrón que se ha consolidado con el tiempo sin mayores consecuencias.
Resulta particularmente llamativa la falta de una respuesta por parte de la Generalitat de Catalunya. Más aún si se tiene en cuenta que el actual presidente, Salvador Illa, ha declarado en distintas ocasiones su simpatía por el RCD Espanyol. Hasta la fecha, no ha habido ninguna manifestación institucional que cuestione o lamente unas declaraciones como las de Jair Domínguez que han afectado a una institución histórica del deporte catalán y, por extensión, a su masa social. Recordemos que en 2023, la Generalitat exigió al Real Madrid que pidiera disculpas y retirase el vídeo “indecente” de la televisión del club blanco que acusaba al FC Barcelona de ser el equipo del régimen franquista, una “manipulación burda de la historia” que el gobierno catalán ha tildado de “ofensa, insulto” y “fake news”. Por lo visto, que se ataque al Espanyol por su nombre no merece defensa por parte del govern català.
La cuestión de fondo no es solo si estas opiniones se ajustan a los límites de la libertad de expresión —un derecho fundamental, también para los profesionales de la comunicación e incluso para los bufones sin gracia—, sino si debe existir algún tipo de responsabilidad añadida cuando quien las emite está vinculado a un medio de titularidad pública. En ausencia de respuesta institucional o interna, lo que queda es una sensación creciente de agravio comparativo: que determinadas actitudes reciben un trato diferente en función de la ideológica o de los colectivos a los que se dirigen.