Ya podemos hablar de oficialidad: los trabajadores cuya remuneración sea inferior a 1.350 euros podrán recibir el desempleo y el sueldo al mismo tiempo. El Gobierno español junto con los principales sindicatos han dado como luz verde a una reforma en el sistema de subsidios por desempleo clave para el bienestar económico de todos los ciudadanos, ya que, según las estadísticas, permitirá que muchos de ellos puedan cobrar de manera simultánea el sueldo e ir cobrando el subsidio correspondiente por desempleo.
El paro constituye uno de los recursos o fundamentos estructurales del sistema de Seguridad Social. Este es el sistema que ha sido diseñado para proporcionar soporte a esas personas trabajadoras cuya extinción del contrato de trabajo se encuentre determinada de forma involuntaria. Éste nuevo avance básico da respuesta a las aclaraciones de aquellos que, a la hora de necesitar o tener dificultades, requieren de un paso atrás determinado para obtener un respiro, mientras, cómo no, intentan el ingreso al mercado de trabajo.
Con esta decisión, que otorga mayor seguridad a los empleos del país, el Gobierno también permitirá que los sectores más vulnerables tengan un alivio financiero. La compatibilidad entre el salario y el subsidio es un avance en la lucha contra la precariedad.
Cobrar el paro y el sueldo: ¿quiénes se beneficiarán?
La reforma recoge que todos aquellos trabajadores que perciban una remuneración inferior a 1.350 euros mensuales (18.900 euros brutos al año) pueden simultanear el empleo con el cobro del subsidio por desempleo, que entró en vigor en 2025 (a contar del primer año de percepción del subsidio).
Como puede inferirse de la información divulgada, dicha idea tiene como obligación facilitar mayores oportunidades de empleo y ayuda a las personas que intenten retomar su carrera de trabajo con escasa suerte. La cantidad del subsidio se reducirá de forma progresiva en función del tiempo realizado con la intención de ser coherente con la realidad de los trabajadores. Por otro lado, dicha compatibilidad tiene que interpretarse como un incentivo para aceptar trabajos temporales o a tiempo parcial que en una situación habitual no serían suficientes para cubrir las necesidades mínimas.
Incrementos en el subsidio y nuevas protecciones
En el decreto también se plantean otras numerosas disposiciones de gran importancia que son dignas de mención. Una de ellas sería la ampliación del subsidio tal como está recogido en la Ley de Protección por Desempleo, que dejará de ser de 480 euros mensuales a pasar a ser de 570 euros mensuales una vez pasado un primer periodo de esta primera duración de seis meses de ese subsidio.
Esta mejora resulta de bastante magnitud, sobre todo para las familias que se encuentran en una dificultad económica significativa. Igualmente, se ha generalizado bastante la mejora de la ampliación de la protección social de algunos grupos sociales. Las personas con una edad igual o superior a 52 años seguirán teniendo su derecho a una mejora en la sobrecotización. Esta política se extenderá a los menores de 45 años, siempre y cuando no tengan cargas familiares, así como a las personas con una edad igual o superior que emprenden el cuidado de una persona dependiente, siempre que se den las circunstancias para que los ingresos familiares alcancen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
¿Por qué es importante esta reforma del paro?
El principal propósito de esta reforma es mejorar la situación de vida de aquellas personas que no gozan de seguridad laboral. Facilitando el acoplamiento del salario con el subsidio se garantiza una transición más llevadera hacia la estabilidad económica y se fomenta la reincorporación al mercado de trabajo.
La figura de compatibilidad de la prestación de subsidio también es eficaz por el lado de la inclusión social dado que familias con ingresos mínimos pueden percibir una prestación relativa al subsidio. Los beneficiarios de la medida son las personas trabajadoras, aunque se trata de un recurso en pro del desarrollo económico y social del país. Con esta medida, el Gobierno responde a uno de los principales reclamos de la sociedad: dar garantías de mayor protección para las personas trabajadoras que la necesitan.