La lucha de la Unión Europea contra el azúcar va muy en serio. La Comisión Europea se está planteando implementar un nuevo impuesto especialmente dirigido a alimentos ultraprocesados. El organismo tiene en el punto de mira productos como bollería, snacks, comida rápida, refrescos azucarados o salsas como el kétchup.
Una medida que tiene como objetivo financiar los sistemas sanitarios comunitarios, utilizando una fórmula parecida a la que se aplica al tabaco. Olivér Várhelyi, comisario europeo de Sanidad, la idea es que los consumidores de estos productos asuman una mayor carga fiscal debido a la mayor probabilidad de que necesiten atención médica en el futuro.
El diplomático húngaro lo explicó de la siguiente manera: «Se trata de que aquellos que consumen estos productos asuman una parte del gasto que generan en los servicios de salud, dado que la ingesta habitual de alimentos ultraprocesados está asociada a un mayor riesgo de enfermedades crónicas«.
Unos ingresos extra que irían directamente a la sanidad pública
Olivér Várhelyi subrayó que es imprescindible contar con herramientas de medición adecuadas para impedir que el debate sobre el impuesto por consumir azúcar se transforme en una disputa ideológica sobre la libertad de elección y las condiciones que se les imponen a las empresas e industrias.
La Comisión Europea, sin llegar a prohibir productos, trata de influir en las elecciones de los consumidores a través de la economía. Una de las posibilidades que se está examinando es la utilización de aplicaciones como Truefood para catalogar los alimentos en función de su grado de transformación. La Unión Europea recalca que los ingresos generados por este impuesto se destinarían exclusivamente a la salud pública y nunca para otros fines presupuestarios.
España ya aumentó el IVA en las bebidas azucaradas
El Gobierno de España sacó adelante en 2021 una medida en la que el IVA de las bebidas azucaradas aumentó del 10% al 21% con el objetivo de fomentar hábitos saludable. Una disposición en la línea de lo que la Comisión Europea quiere promulgar ahora. No obstante, tiempo después de la entrada en vigor de la nueva normativa, un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña reveló que el consumo de estos productos apenas ha menguado un 2,2%.
Además, si nos fijamos en otras investigaciones paralelas, indican que los hogares con menor renta e ingresos y los que cuentan con niños pequeños, destinan una mayor parte de su gasto a productos con índices más altos de IVA. Un problema, puesto que este desembolso supone una carga fiscal desproporcionada para este tipo de familias.
Este impuesto podría provocar mayor desigualdad social
Existe una preocupación notable sobre la posible carga fiscal que podría suponer un impuesto generalizado a productos ultraprocesados, en especial para aquellos sectores o población más vulnerable. Y no es solo eso, sino que las asociaciones y los expertos han declarado que si no se crean políticas oportunas, este tipo de impuestos acrecentarían las desigualdades sociales.
Hasta el momento no hay ninguna propuesta que satisfaga a todos y el debate sobre cómo promover una alimentación saludable y sostenible en Europa parece lejos de acabarse. Ante esta situación, la Comisión Europea no se decide a dar el paso definitivo y continúa evaluando los posibles impactos económicos, sociales y de salud pública antes de tomar una decisión acerca de la aplicación del impuesto.
Lo que parece claro es que si al final esta medida sale adelante, el mercado europeo de alimentos ultraprocesados sufriría un giro radical y el panorama se transformaría por completo en los próximos años. Hasta entonces, organizaciones de consumidores, expertos en salud y representantes de la industria alimentaria se mantienen atentos a cualquier posible novedad.