Los turistas son un importante activo en la economía de España, el gasto que realizan en nuestro país es fundamental para conseguir unos ingresos clave sobre todo en la época estival. No obstante, la llegada de estos visitantes también tiene un lado negativo para nuestras arcas. Algunos de ellos cometen infracciones o realizan actos que dan lugar a sanciones, sin embargo estas nunca llegan a ejecutarse y los extranjeros se vuelven «de rositas» a su país de origen.
España acumula cientos de miles de multas de turistas sin pagar, lo que supone un problema considerable. Según las estimaciones casi 200.000 turistas podrían no liquidar sus multas en nuestro país. Muchos de ellos abonan «en depósito» para salir del país, pero el expediente sancionador no se completa después.
Unas multas que se quedan sin resolver
Según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), el motivo principal de esta problemática es que las infracciones cometidas por conductores extranjeros no quedan resueltas ya que estos regresan a sus países sin hacer frente a las sanciones. Y aquí es donde se produce el perjuicio a nuestro país: la multa se inicia pero no se finaliza. Por lo tanto, ¿Qué pasa con esa multa?
Este mismo verano, la Guardia Civil denunció a ocho turistas que circulaban por la TF‑24, en el Parque Nacional del Teide, con el torso fuera del coche y sin cinturón. Las sanciones fueron las siguientes: a los conductores de los vehículos se les castigó con 500 euros y la pérdida de seis puntos del carnet; mientras que los pasajeros fueron multados con 200 euros cada uno, que tuvieron que abonar en «depósito» antes de dejar España.
La infracción que estos turistas cometieron no es «moco de pavo» y es que la ley las tipifica como graves o muy graves. Una desobediencia a la seguridad vial y a las normas de la vía que pudo salir muy cara, y no solo económicamente hablando.
Un fallo de ejecución que arruina todo
La Directiva 2015/413 simplifica la burocracia y el intercambio de datos entre países para sanciones de tráfico. No obstante, en lugares como Canarias el problema aún no se ha conseguido solventar.
En las islas, muchos turistas abonan un «depósito» que les permite salir del país, pero eso no significa que la multa se haya saldado del todo. De esta forma, al «escaquearse», el proceso sancionador queda incompleto y el dinero nunca termina de llegar a España, territorio en el que han cometido el delito.
Las claves de esta cuestión residen en estas ideas: La DGT indica que muchas infracciones de conductores extranjeros quedan sin resolver al regresar, la Directiva 2015/413 no evita la fuga en el proceso del cruce de información, pese al abono del «depósito» a la hora de salir del país no se consigue cerrar el procedimiento y por último, que esta sanción no se resuelva crea una percepción de impunidad que cada vez va a más.
Un fallo del sistema en la fase de ejecución y cobro, que imposibilita concluir con el proceso de la sanción y da lugar a que cientos de miles de turistas actúen a sus anchas sin luego temer un castigo.
Una desigualdad inaceptable
Los locales, como no podría ser de otra manera, sienten que existe una grave desigualdad entre ellos y los turistas a la hora de cumplir la ley. Las consecuencias de una mala praxis en la carretera no son iguales para los residentes que para los foráneos.
Para que exista una convivencia adecuada, es imprescindible que se respeten las normas básicas de circulación. Un aspecto irrenunciable que las autoridades de España deben atajar con premura. La falta de ejecución de las multas supone una amenaza hacia los ciudadanos ya que se lanza un mensaje de impunidad y no de respeto a la ley como tendría que suceder.