Miles de familias continúan sufriendo las privaciones para acceder a una vivienda digna de alquiler, y por ello ha surgido un nuevo vacío legal aprovechado por algunos propietarios, que lleva a los inquilinos a la cada vez más creciente desprotección. La controversia gira alrededor de la inclusión de las clausulas que facultan la expulsión del inquilino del inmueble sin preaviso y sin posibilidad de ser oído. Esas normas están generando temor y aumentando las desigualdades.
Según los especialistas, los contratos se firmarán con una importante probabilidad sin la revisión, ya que los contratos pueden acabar en un desalojo. Conocemos las consecuencias de este cambio normativo y qué margen de defensa tienen los arrendatarios.
La cláusula que deja a los inquilinos sin defensa
Una de las cláusulas más aludidas da la opción a los propietarios a rescindir, de forma unilateral, el contrato sin la necesidad de causa justificada y sin que este caso tenga que ser presentado ante los tribunales ordinarios. Esto es así porque implica que los inquilinos pueden ser desahuciados incluso antes de cumplir los cinco años de permanencia mínima garantizados por ley.
Y además, ante esta situación también se podría dar cabida a la práctica de aumentos abusivos en la renta, aun teniendo limitado el aumento a lo que establece la Ley de Vivienda (3% anual), con lo que los inquilinos se verían obligados a acudir frecuentemente a los tribunales de arbitraje, donde las posibilidades de éxito son prácticamente mínimas.
El arbitraje, es decir, el sistema introducido como una vía alternativa más ágil al propio sistema judicial, ha beneficiado en la práctica a los propietarios. Para los especialistas, estas cláusulas van a contracorriente de unos derechos esenciales y favorecen la desigualdad estructural del mercado del alquiler.
El arbitraje: un desahucio exprés para los inquilinos
Cuando hay esta cláusula abusiva dentro del contrato, las tensiones suelen resolverse a través de los tribunales de arbitraje. A diferencia de los juicios ordinarios, estos métodos no prevén las mismas garantías legales para los arrendatarios.
La demanda se ejecuta instantáneamente y es, para muchos, casi impracticable. Una vez se da pie a la demanda, el inquilino tiene solamente siete días para contestar, hallar a un letrado y preparar la defensa. A ello se le suma el coste económico que le puede suponer, lo que deja a muchas familias sin posibilidad de respuesta y en una situación sola de dejar ir la vivienda.
Por añadidura, las decisiones emitidas a través de los tribunales de arbitraje son prácticamente irreversibles, lo que contribuye a potenciar la relativa posición de quien tiene la propiedad y a debilitar aquella de los arrendatarios. La consecuencia ineludible de todo lo anterior es la creciente inseguridad habitacional.
¿Cómo evitar caer en estas trampas legales al firmar un contrato de alquiler?
La mejor herramienta que pueden tener los arrendatarios sigue siendo la prevención. En el momento anterior a este paso para la firma de un contrato de arrendamiento, ya se pueden adoptar las siguientes medidas de protección:
- Lea el contrato: Es importante localizar cláusulas que limiten derechos o que faciliten el desahucio.
- Buscar asesoría legal.
- Negociar las condiciones: El inquilino tiene derecho a solicitar la supresión o modificación de las cláusulas abusivas.
- Denunciar irregularidades: Las asociaciones de consumidores o las autoridades competentes puede actuar cuando se producen estos abusos de forma reiterada.
El sector del alquiler se encuentra en un periodo de inseguridad y los arrendatarios deben ser más precavidos que nunca con tal de evitar de este modo prácticas contrarias a sus derechos. Esta vuelta de tuerca a la Ley de Arrendamientos pone de manifiesto la urgencia no sólo de reformas estructurales, sino también el deber de asegurar una vivienda digna para todos.