Los veterinarios anuncian una crisis sin precedentes por el último Real Decreto 666/2023, que regula el uso de los fármacos para los animales. Veterinarios Unidos denuncia su preocupación con respecto a los efectos de esta ley en millones de animales. Esta ley cambia la forma de prescribir y distribuir los antibióticos veterinarios desconocida hasta el momento. El fin último es el mismo, garantizar la seguridad, pero muchos veterinarios han denunciado que podría tener efectos contrarios a los buscados.
La ley obliga a informar de cada prescripción a través de una plataforma oficial, y provoca retrasos en los tratamientos y un incremento de los importes a pagar por las mascotas. Asimismo, los veterinarios ven restringida su capacidad de acción en casos de emergencias.
Los cambios burocráticos y los efectos de los mismos en las mascotas
A su vez, una de las cuestiones más controvertidas y discutidas que presenta la nueva normativa es que los dueños de las mascotas tendrán que ir a buscar los medicamentos en farmacias ordinarias y ellos mismos administrarse los mismos, algo que es contrario a recibir las dosis exactas que necesitan los animales en las clínicas veterinarias. Lo anterior lleva consigo, entre otras cosas, no solo al incremento de los tiempos de espera en la obtención del tratamiento, sino también al hecho de que los propietarios tienen que invertir gastos realmente elevados, porque tienen que adquirir paquetes de medicamentos siempre y cuando no se les hayan prescrito de uno en uno.
“El retraso en el inicio de los tratamientos puede ser fatal para muchas mascotas. Además, al tener los medicamentos en casa, los dueños podrían administrar antibióticos sin supervisión, fomentando la resistencia bacteriana,” denuncia el colectivo Veterinarios Unidos.
La norma también prohíbe medicar a los animales que no tengan microchip, salvo casos más muy graves. Esta disposición, además de dejar desamparados a muchos animales, provoca conflictos éticos en los veterinarios, que deben anteponer el bienestar de los animales a la burocracia.
Las restricciones en la prescripción del uso de antibióticos
El decreto también limita el tipo de antibióticos que se pueden prescribir. En la nueva normativa, obliga iniciar con el grupo de antibióticos de categoría D, aunque no sean los de elección para ciertas patologías, ya que sólo después de comprobar su ineficacia se podría acceder a antibióticos de otras categorías: “Esto puede significar que animales gravemente enfermos no reciban el tratamiento adecuado a tiempo. Realizar un cultivo y un antibiograma para acceder a antibióticos de categoría B es un procedimiento caro y lento, lo que dificulta la recuperación de los animales», afirman los profesionales.
Veterinarios Unidos también ha manifestado su inquietud por las brutales multas impuestas para poder realizar una incorrecta notificación de las recetas, que pueden llegar hasta los 1.200.000 euros, generando un clima de tensión en el sector porque cualquier error puede ser determinante.
La reacción de los dueños de mascotas
Los propietarios de los animales de compañía empiezan a reaccionar también, muy preocupados por la salud y por el bienestar de sus animales. Muchas familias se encuentran en un clima de gastos no previstos y de dudas en cuanto al acceso a los tratamientos. El colectivo Veterinarios Unidos también está en funcionamiento para recoger firmas y pedir al Gobierno la derogación de esta ley e invita a los propietarios a registrar a sus animales de compañía con microchip para así tener acceso a los tratamientos y evitar situaciones de riesgo.
A la espera de todo ello, el sector veterinario pide la reconsideración por parte de las autoridades de las prohibiciones establecidas. «Nuestra prioridad siempre será la salud y el bienestar de los animales. Esta ley pone en peligro la misión que tenemos», concluyen los profesionales.