La Agencia Tributaria ha dado a conocer la adopción de una nueva medida que transformará el mapa de las distintas transacciones electrónicas llevadas a cabo en España, pues a partir de 2025 podrán empezar a entrar en vigor nuevas normas de control, tanto para las empresas como para las personas físicas, en un intento de ir asumiendo la evolución de una forma de operar que es cada vez más digitalizada y controlada por las tarjetas de crédito y de débito.
En este sentido, el Ejecutivo quiere también combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que se desarrollan de forma exponencial por la globalización económica, y, al mismo tiempo, hacer que sean mucho más transparentes las operaciones que se realicen con tarjetas y aplicaciones móviles de pago, dejando en manos de las entidades financieras la aplicación de la norma.
Por lo tanto, si bien esta norma puede permitir aumentar la redistribución de recursos, mejorar la financiación de los servicios básicos, también puede provocar una transformación importante de la habitual forma de operar en el día a día de los ciudadanos o de los pequeños negocios.
Hacienda cierra el control de las transacciones electrónicas
El contenido del nuevo Real Decreto establece que las entidades emisoras de tarjetas de crédito y de débito estén obligadas a presentar un informe anual con las operaciones de sus clientes, que incluirá datos como la identificación del titular de la tarjeta, el número de transacciones realizadas y el importe total de las operaciones, siempre que éstas superen los 25.000 euros anuales por tarjeta.
Asimismo, las entidades financieras deberán informar mensualmente de los cobros realizados por empresarios y autónomos mediante tarjetas o aplicaciones como PayPal o Bizum, y esta obligación no requerirá ningún tipo de umbral en cuanto al importe de las operaciones y la forma, precisamente, de aplicar un control mucho más riguroso y evitar, de esta manera, las irregularidades.
Así, pues, para Hacienda, esta norma permitirá reducir la economía sumergida y que haya un equilibrio fiscal mayor. Pero, es posible que representen también una carga administrativa adicional para las empresas y los profesionales autónomos.
Impacto sobre autónomos y las pequeñas empresas
Para las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia, este novedoso modelo de control fiscal puede representar una carga importante, a la hora de gestionar la administración financiera de una empresa. Para el año 2026, la Agencia Tributaria deberá tener en su poder información que desagregue el año anterior, lo que hará que se incremente la vigilancia de las operaciones de grandes volúmenes. Estas normas que pretenden la mejora del control y la transparencia fiscal generan inseguridades en los empresarios.
El sistema bancario también tendrá que rediseñar sus sistemas para extraer y remitir a requerimiento de la Agencia Tributaria las operaciones que le requiera, lo que se puede traducir en precios y servicios para el cliente.
¿Cómo te afectará en tu vida?
El efecto más significativo que tendrá en los ciudadanos será, a partir de la regulación, tener que llevar un mayor control de sus gastos económicos. La normativa, a pesar de ser con respecto a las operaciones de mayor cuantía, el hecho de que las entidades den cuenta más mensualmente de las operaciones que hagan las personas puede deviene que muchos usuarios reconsideren la forma de usar las tarjetas de crédito o de las aplicaciones de pago. Esto puede fomentar un retorno al uso de dinero en efectivo o, bien, que se busquen alternativas menos controladas por el sistema fiscal.
No obstante resulta fundamental recordar que la finalidad de esta medida es conseguir una mayor equidad en el sistema tributario, lo cual podría terminar beneficiando a la sociedad en su conjunto a largo plazo.
Nos encontramos ante medidas que suponen una transformación radical de la gestión de las transacciones financieras en España y que, si bien poseen por objetivo la lucha contra el fraude y el reforzamiento del sistema fiscal, previsiblemente también traerán aún más dificultades tanto a las empresas como a los autónomos o los ciudadanos.
Adaptarse a este nuevo escenario se antoja fundamental para que el impacto en el día a día sea mínimamente soportable.