El juzgado de instrucción ha decretado libertad con medidas cautelares para la conductora que el pasado jueves protagonizó un atropello múltiple en las inmediaciones del RCDE Stadium, justo antes del derbi entre el Espanyol y el FC Barcelona. La mujer, que embistió con su vehículo a decenas de personas en plena calle, ha quedado en libertad, pero con restricciones claras: se le ha retirado el permiso de conducir y deberá comparecer en sede judicial dos veces al mes mientras continúa la investigación.
El caso sigue abierto y bajo secreto parcial. A estas alturas, la instrucción trabaja con la hipótesis de un posible ataque de pánico como desencadenante del episodio, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. Según ha trascendido, la mujer fue derivada inicialmente a un centro hospitalario y permanecía bajo custodia policial hasta su puesta a disposición judicial este fin de semana.
El suceso dejó varios heridos de distinta gravedad y generó un profundo malestar entre la afición perica. Lo que debía ser una jornada de fútbol terminó en caos, y las imágenes del atropello corrieron como la pólvora por redes sociales. Uno de los afectados permanece ingresado en estado crítico en el Hospital de Bellvitge.
Desde el entorno del Espanyol, y especialmente desde los grupos de animación, se ha denunciado no solo el atropello, sino también la actuación posterior del dispositivo policial, que algunos consideraron “desproporcionada y descoordinada”. Las críticas apuntan a que se priorizó la carga contra aficionados por encima de la asistencia a los heridos, un aspecto que también está siendo analizado por los responsables del operativo.
La decisión del juez de no decretar prisión provisional también generará probablemente controversia. Habrá quien entienda que, en función del estado mental de la conductora, lo prudente sería aplicar medidas que aseguren su control sin privación de libertad. Pero también es lógico que haya voces que exijan mayor contundencia, especialmente en un caso que pudo haber terminado en tragedia mayor.
Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La mujer no podrá ponerse al volante y deberá seguir compareciendo periódicamente ante el juzgado. Las víctimas y sus familias, por su parte, esperan justicia en un caso que ha conmocionado a todo el entorno perico y que todavía tiene muchas preguntas sin respuesta.