Hacienda ha desarrollado un nuevo real decreto mediante el que quiere establecer unos límites a los pagos con tarjeta que, junto con los nuevos requerimientos, permitirán fortalecer el control. En síntesis, este nuevo texto de la norma lo que pretende conseguir es que todas las transacciones queden perfectamente declaradas y sujetas a los impuestos correspondientes. Pero si bien el nuevo texto presenta todas las características de una medida necesaria para la modernización del sistema fiscal español, no se libra de críticas.
Empresarios, autónomos y personas pasan a quedar, tras la llegada del real decreto, mucho más controlados para poder. Fruto de esta nueva norma a partir de 2025 se lanza una marcha en la que las entidades financieras van a comenzar a adecuarse a esta nueva normativa; resultando que ahora tanto las grandes empresas como las personas que tienen un alto volumen de gastos a través de sus tarjetas sufrirán de la entrada en vigor de este real decreto.
Nueva limitación de Hacienda para los pagos mediante tarjeta
Este nuevo real decreto establece la regulación del umbral que deberá de vigilar las entidades financieras. A partir del año nuevo, toda tarjeta de crédito o de débito que tenga unos movimientos anuales superiores a 25.000 euros deberá ser objeto de un informe remisión de un informe a la Agencia Tributaria. Este informe contendrá todos los elementos que resulten ser considerados relevantes a efectos del procedimiento administrativo que se trate, es decir, el nombre del usuario de la tarjeta, el número de las operaciones realizadas y el total facturado.
Pero por encima de esto viene una obligación que se ha establecido en el nuevo real decreto conforme a la cual las entidades financieras, independientemente de la cantidad que durante el mes se haya facturado, tienen que presentar todos los cobros realizados mediante medios electrónicos de autónomos y empresarios al inicio del mes siguiente.
Dichos métodos incluyen los pagos realizados de una forma similar, a través de aplicaciones digitalizadas como Bizum o PayPal, ampliando así el ámbito considerablemente del propio alcance de la tarea de supervisión fiscal. El propósito que subyace a esta iniciativa es la de combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, pero también intenta hacer posible una mayor transparencia en el sistema tributario y promocionar la equidad entre los contribuyentes que lo conforman, ya sean personas físicas o jurídicas.
Consecuencias para empresarios y autónomos
El impacto de la norma en los autónomos y las pequeñas empresas puede ser elevado, ya que, a partir del año 2026, la Administración del Estado empezará a recibir los primeros informes anuales correspondientes a las operaciones que se han llevado a cabo durante el año 2025 lo cual, sin duda, redundará en favor de que la Agencia Tributaria pueda llegar a detectar irregularidades más rápidamente.
Este nuevo grado de situación vendrá acompañado de una mayor carga administrativa para los empresarios que tendrán que tener controladas y debidamente registradas las operaciones bancarias, lo que podría requerir incluso la inversión de dinero en software de gestión avanzada o en el asesoramiento fiscal que busque dar respuesta a las nuevas exigencias.
Impacto en los consumidores
Aunque la norma está focalizada fundamentalmente en empresarios y grandes cantidades de operaciones, los consumidores también podrán notar que haya cierto tipo de afectación en el ámbito de lo fiscal. Todas aquellas personas que superen el límite establecido de 25.000 euros anuales de gasto realizado con tarjeta podrían tener un mayor control de la Administración Pública.
Con todo ello lo que ya está en vigor es un hecho que las empresas, como los particulares tengan que ir adecuándose a la nueva legislación que les afecta. Esto equivale a hacer un registro del control de las transacciones, a saber cómo se han de declarar correctamente esas operaciones, y en el caso de los autónomos a plantearse la contratación de la asesoría fiscal profesional.
Esta es una normativa que puede ser el inicio para conseguir un sistema fiscal más justo, más eficiente, con la vista en los requerimientos de una economía digitalizada.